
Es un programa que se aplica cada un año, extrañamente nunca
se hace los trabajos técnicos a tiempo, pareciera que es una política de
gobierno el hecho de mantener la incertidumbre, hacer que la gente se endeude
ante de percibir el aporte, ect ect, ¿porque la desidia?
Hay miles de pescadores en el país, por ejemplo, en el
departamento de Ñeembucú, una zona pesquera, existe aproximadamente 1800 pescadores,
ninguno puede pescar en épocas de veda, pero solo los que están en pobreza
extrema recibirán el subsidio.
Si el pescador tuvo una buena
pesca y compro una vaca lechera y con el crio tiene dos compras un frízer, deja
de ser extremo pobre y se le saca de la lista. No cobra el subsidio, pero para
aguantar un mes vende su vaca y otros bienes, queda en extrema pobreza, pero ya
no es sujeto de derecho. El decreto 2319/14 de hecho obliga a los pescadores a mantenerse
en la extrema pobreza. LAMENTABLE
El pescador paga por una licencia
de 163.000 por año, ¿dónde se re invierte eso recurso que aproximadamente son
293.400.000 guaraní en el departamento de Ñeembucú y sumando a nivel nacional
trepa a un monto extraordinaria?, ¿Cuantos miles de kilos de pescado se extrae
del rio Paraguay y Paraná por año? Quienes son los principales beneficiarios? ¿Los
pescadores o los intermediarios?
Hay una necesidad de abrir un
debate político y social sobre este rubro, que con la actual política los
pescadores no son los beneficiarios reales, el estado no ha avanzado ni apenas
en otorgar el subsidio en tiempo y forma, muestra concreta de un estado y un
gobierno que antes de buscar favorecer a los más desprotegido se convierte en
una maquinaria de persecución a los pescadores.
Hay que cambiar el decreto, 2319/14
por una ley de la nación y tener una política nacional integral para los
pescadores/as, adecuarla a la realidad, con una mirada social y ambiental, para
eliminar el funcionamiento en base a la voluntad de gobernante de turno
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